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El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana un controvertido proyecto de directiva que prevé sanciones penales para los delitos contra la propiedad intelectual, pero lo ha enmendado para excluir de su campo de aplicación las actividades "no lucrativas". Este ajuste evita que de la norma se deriven penas contra actividades particulares como las descargas de música o películas desde internet. Sin embargo, hay parlamentarios que consideran que la redacción del texto es ambigua y no permite descartar esa posibilidad. Sigue siendo confusa y no da garantías para el ciudadano particular.

La diferencia de criterio se reflejó en el voto de la directiva, aprobada por 374 votos a favor (en su mayoría de los grupos Partido Popular Europeo), 278 en contra y 17 abstenciones.

El proyecto, que debe conseguir ahora el acuerdo del Consejo de la UE -Estados miembros-, busca que todos los países de la Unión Europea prevean en sus legislaciones penas de hasta 300.000 euros de multa y cuatro años de prisión para los delitos graves contra la propiedad intelectual, la piratería y las falsificaciones.

Estas actividades, que se ceban particularmente sobre sectores como el de los productos culturales, el software, el textil o los perfumes, hacen perder a las empresas en la UE entre 45.000 y 65.000 millones de euros anuales, según datos de la patronal europea. Al aprobar el texto, la Eurocámara introdujo enmiendas que excluyen de su campo de aplicación los conflictos empresariales sobre patentes industriales, al entender que deben dirimirse por lo civil y no a través del código penal.

Asimismo, especifica que la directiva se aplicará sólo a las violaciones de la propiedad intelectual que busquen "conseguir ventajas comerciales, con exclusión de los actos efectuados por usuarios privados con fines personales y no lucrativos".

Los grupos Popular y Socialista consideraron que esta puntualización basta para prevenir la posibilidad de que la norma sirva para decidir penas de cárcel contra usuarios de internet que descargan películas o música desde programas como el Emule, riesgo del que habían advertido organizaciones de consumidores.

"Luchar contra la piratería, sí. Pero extender esto a cuestiones que nunca han salido del ámbito civil en los Estados Miembros no tiene sentido", afirma un parlamentario español subrayando que en España o Francia, la Fiscalía ha aclarado "que al consumidor particular no se le persigue penalmente". En parecido sentido, otro parlamentario alertaba de que "la incertidumbre será la que reine desde ahora, ya que la directiva causará más problemas de los que resolverá". "Algo tan banal como bajarse música de internet y compartirla puede ser considerado como un acto criminal", asegura.

(En conclusión: que sí pero que no. O lo que es lo mismo: no, pero sí. ¿Ustedes entienden a los políticos? Yo no pero de algo estoy seguro y es que ellos se están bajando música y películas durante todas las sesiones parlamentarias con sus caros portátiles pagados por el pueblo. Predicad con el ejemplo.

¡Revolución!)